El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la provincia resolvió en asamblea ayer por la noche declarar a su actividad profesional en “estado de emergencia”. A través de un comunicado detalló los puntos por los cuales sus miembros han tomado esta desecación.
“Es responsabilidad del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán velar por la posibilidad de un ejercicio profesional digno y en condiciones adecuadas, donde los profesionales en ciencias económicas agreguen valor a su tarea y colaboren con las empresas en afrontar las dificultades que los tiempos actuales presentan”, enuncia el documento.
Esta resolución parece ser una consecuencia de las medidas que se han tomado a nivel nacional a través de la ley de emergencia promulgada por el oficialismo a principios de esta semana, y de otras posibles medidas que se avecinan, particularmente la suspensión de la baja de ingresos brutos provinciales tal como lo marcaba el pacto fiscal firmado por 21 de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en noviembre de 2017.
El mismo, que estaba proyectado para aplicarse hasta 2022, significaría una reducción del impuesto a los ingresos brutos del 11% al 33% dependiendo de la actividad. Esta reducción no entraría en vigencia luego de suspenderse el acuerdo en la próxima sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el próximo 22 de enero. Al respecto se expresa el comunicado de la entidad que nuclea a los contadores: “los aspectos distorsivos de los sistemas de retención, recaudación y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos han producido una excesiva presión fiscal que genera permanentes saldos a favor de contribuyentes y responsables que no tienen un mecanismo fiscal ágil que les permita resarcirse financieramente en tiempo por importes ingresados a través de diversos agentes intervinientes”.
Con la mirada puesta en la recaudación provincial, lo que el colegio profesional critica es la excesiva presión tributaria, generada por impuestos que considera distorisvos y vulneran el patrimonio de los contribuyentes, particularmente de las PyMES. “Las PyME en general no cuentan con esta estructura (de asesoramiento profesional permanente) y por ende no pueden manejar las delegaciones transferidas que resultan propias del Estado” afirma el comunicado, que continúa luego refiriéndose específicamente a la resolución 106/19 emitida por la Dirección General de Rentas (DGR) en noviembre, que obliga a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos brutos superiores a los $ 60 millones a convertirse en agentes de percepción y retención del impuesto a los ingresos. “Va a provocar un colapso administrativo y financiero de las PyME locales e interjurisdiccionales cuyos ingresos superan el rango establecido por la norma; siendo también afectados nuestros matriculados por la carga adicional de tareas derivadas de la presión fiscal indirecta y los vacíos de interpretación que se presentan en numerosos casos.” reclama el documento.
Es por ello que la asamblea resolvió crear un registro especial para que sus miembros denuncien las situaciones que excedan a su capacidad profesional. Así, la entidad busca con la medida anunciada defender a sus colegiados en la situación que observa: “los profesionales en ciencias económicas que actúen en el campo tributario, no pueden manejar un sistema tan intrincado y caótico preparado exclusivamente para recaudar a cualquier precio”. Por eso, el colegio convoca a los matriculados a una reunión informativa que se hará en la sede de 24 de Septiembre 776, el jueves a las 19. En ella el consejo directivo propone tratar las próximas medidas a tomar.